Las siglas ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) definen un acuerdo comercialsobre lo inmaterial. Es decir, la propiedad intelectual, extendida a las patentes. Lleva cuatro años disdcutiendose en secreto entre varios países (Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Suiza, Corea del Sur, Canadá y Australia), al margen de cualquier organismo internacional que tendrían competencias sobre el tema- Ni la OMC (Organización Mundial del Comercio), ni la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intgelectual) ni, incluso, la propia ONU se han enterado de estas conversaciones sectretas. De hecho, el Presidente demócrata Barak Obama, lo ha declarado "material secreto de seguridad nacional".
A pesar de que concierne a la libertad de expresión, a la salud, a la vigilancia y neutralidad de la red y a la organización del comercio mundial nadie tenía acceso a los borradores. Sin embargo, fue la publicación por parte de
Wikileaks lo que ha desatado la poémica. Especialmente activos han estado los defensores de los deechos ciudadanos, destacadamente los de la defensa de la neutralidad de la red. Según recoge la
Asociación de Internautas,
Jéremie Zimmermann, portavoz del grupo de defensa de los ciudadadanos
La Quadrature du Net, con sede en París, afirma que este documento filtrado muestra que
ACTA impondría regulaciones a medida que las industrias del entretenimiento de los
EEUU para Internet. Las sanciones civiles y penales podrían cambiar completamente el justo equilibrio de la actual ley europea sobre proveedores de Internet. Se pretende realizar rectricciones de los derechos civiles, medidas de frontera, entre otras.
Todo esto es muy grave para las libertades individuales o para las necesidades sanitarias del Sur. La constante protección de las marcas y patentes están obtaculizando el desarrollo de los países del Sur, condenando a las poblaciones a la miseria, la enfermedad y la muerte.
Las partes más polémicas de los borradores hasta ahora hechos públicos intentan que las autoridades aduaneras en puertos y aeropuertos puedan confiscar material presuntamente falsificado sin demostrar con claridad que lo sea y sin necesidad de denuncias previas.
Un caso nos aclarará la importancia de impedir estos tratados secretos (luego veremos como se legalizan).
En 2008 varios barcos con origen en la India y destino a varios países pobres de África fueron bloqueados en las aduanas europeas. Transportaban medicamentos genéricos legales tanto en la India como en los países receptores, pero no en Europa poor donde transitaban los barcos. El resultado fue el de varias semanas de retraso. Igual pasó con 49 k de moléculas anti-VIH con destino a Nigeria, bloqueadas en el aeropuerto de Schipol (Holanda).
ACTA encarna un proyecto político de gran envergadura. El acuerdo antifalsificación significa un endurecimiento de las leyes incluso pasando por alto la actuación judicial (una prueba de ello era la Comisión de Expertos de la Ley Sinde).
Mas allá de los discursos, borradores técnicos o la imprecisión de sus límites, ACTA representa una nueva división internacional del trabajo: la agricultura y la industria para el Sur, y el control sobre la creatividad y el valor añadido para el Norte. O como desarrollar accesorios de moda en París y fabricarlos en Túnez, o diseñar informática avanzada en Silicon Valley y fabricarlos en Asia. Si a esto le sumamos unos muy estrictos controles aduaneros o penalización criminal de actividades en la red, se pondrá en peligro las copias legítimas, medicamentos genéricos o el intercambio entre internautas de sus obras de manera privada.
Veamos como un posible acuerdo secreto se traslada a la legislación. En 1990 se quiso realizar el trueque de que los países en desarrollo firmaran acuerdos de propiedad intelectual a cambio de la promesa de apetura de mercados agrícolas, lo que la OMPI no permtía. Conclusión hagámoslo secreto saltando por encima de los organismos internacionales.
La cesión de soberanía que representa la UE, se explica claramente con un ejemplo. En 2001 se aceptó en la UE un acuerdo de derechos de autor e internet, y el palamento francés quiso rechazarlo, pero no pudo ser porque "los compromisos internacionales de Francia deben ser respetados".
El pasado mes de noviembre, el Parlamento Europeo estableció
una serie de condiciones para la aceptación del acuerdo comercial ACTA, a partir del borrador aprobado en octubre en Tokio. Esta resolución destaca porque el Parlamento Europeo tiene la capacidad de poder vetar acuerdos internacionales y, por tanto, influir de forma prominente en sus decisiones. El texto aprobado pide a la Comisión que trabaje para que el ACTA no afecte a los derechos fundamentales de los ciudadanos ni modifique la actual legislación de protección de datos y propiedad intelectual de la Unión Europea.
Solamente con la exigencia de transparencia y una firme actitud de defensa de los valores democráticos, se podrá frenar este nuevo ataque capitalista. Debemos exigir a nuestros europarlamentarios una firme oposición a la posibilidad de resringir derechos fundamenbtales, y a los partidos políticos un pronunciamiento claro en contra de ACTA.
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